Historia y Arqueología Marítima

HOME Naves Argentinas en la Guerra Ruso–Japonesa

Trabajo de investigación histórica enviado por su autor, Sr. Carlos A. Manus como colaboración a Histarmar.

Indice Articulos A.R.A.

 

El prolongado conflicto limítrofe de principios del siglo XX entre Argentina y Chile se potenciaba por  la prevención de éste de que nuestro país, accediendo a las reiteradas solicitudes formuladas por Bolivia y Perú, interfiriera en los tratados de paz a sellarse como conclusión de la Guerra del Pacífico (1879-1883) en la que Chile había vencido a la alianza peruano-boliviana.

Finalizada esa guerra, Chile se había apropiado de las provincias peruanas de Tarapacá, Tacna y Arica y pretendía hacer lo mismo con la costa boliviana homologando esas situaciones de hecho con sendos tratados.  Perú y Bolivia se resistían a aceptar esas mutilaciones y confiaban en nuestro apoyo para evitarlas, solicitándonos desde armamento hasta presiones diplomáticas conducentes.

 

 

 

La larga disputa fronteriza con nuestros vecinos transandinos, acicateada por la prensa y la opinión pública,  había generado sendas carreras armamentistas y la contienda bélica parecía inminente.  Con el fin de posibilitar un arreglo pacífico, se movilizaron importantes influencias en ambos países[1] y los esfuerzos de las respectivas diplomacias culminaron en el “Tratado de Equivalencia Naval, Paz y Amistad”  -o “Pactos de Mayo”, como se lo conoce comunmente- suscripto el 28 de mayo de 1902 en Santiago de Chile por José Francisco Donoso Vergara, canciller chileno, y por José Antonio Terry, ministro plenipotenciario argentino.

Los Pactos de Mayo comprenden cuatro instrumentos:  Acta Preliminar, Tratado General de Arbitraje, Convención sobre Limitación de Armamentos Navales[2] y un Acta en la que se pide al árbitro que designe una comisión que fije los hitos demarcatorios sobre el terreno.  Esos acuerdos fueron complementados por un Acta Aclaratoria firmada en Santiago el 10 de julio en la que se suprimen algunos puntos que preocupaban a ambas partes[3].   Los chilenos consiguieron eliminar la posibilidad de un arbitraje retroactivo y los argentinos, con la aclaración de que Chile cuenta con una única esfera naval  -el Océano Pacífico- mientras que la Argentina tiene dos  -el Río de la Plata y el Océano Atlántico-, lograron preservar la ligera superioridad de nuestra marina.

Los Pactos de Mayo ponen fin al conflicto de límites y consolidan la amistad entre ambos países y, como preceden al fallo arbitral de la corona británica, contribuyen a crear un clima favorable para recibir ese laudo como solución a la pugna fronteriza.

 El 9 de enero de 1903, Luis María Drago, ministro de Relaciones Exteriores argentino, y Carlos Concha Subercaseaux, ministro plenipotenciario chileno, suscribieron en Buenos Aires el protocolo para hacer efectiva la “discreta equivalencia” de las escuadras de ambos países establecida en la Convención sobre Limitación de Armamentos Navales.

 Ese protocolo dispuso (a) la venta de los cruceros-acorazados ARA Mariano Moreno y Bernardino Rivadavia, que el gobierno argentino tenía en avanzado estado de alistamiento en los astilleros Ansaldo (Génova), (b) el desarme de los acorazados argentinos Garibaldi y Pueyrredón, (c) la venta de los acorazados Libertad y Constitución, que el gobierno chileno tenía en construcción en los astilleros Vickers y Armstrong  (Inglaterra), y (d) el desarme del acorazado chileno Capitán Prat.  Los buques en construcción de ambos países fueron puestos a disposición y orden de S.M. Británica en su calidad de árbitro del tratado de mayo de 1902, y se estipulaban las condiciones en que debían quedar las naves sujetas a desarme.

De acuerdo con dicho Pacto (a) Argentina renunciaba a involucrarse en el conflicto del Pacífico, por lo que  Chile podía concluir libremente los tratados de paz con Bolivia y Perú[4], (b) se aceptaba el laudo Buchanan sobre la Puna de Atacama, (c) se adoptaba el sistema de arbitraje obligatorio e inapelable para resolver las cuestiones limítrofes pendientes, (d) se establecía un acuerdo de limitación de armamentos (el primero en la historia mundial) y (e) se instituía el principio de equivalencia de escuadras.  

 Ante la inminencia de una guerra con Rusia, Japón decidió acelerar la preparación de sus fuerzas navales.  Aliado de Inglaterra, supo que Argentina y Chile debían reducir su flota en virtud de los Pactos de Mayo.  Las primeras tratativas para adquirir los buques se efectuaron ante Chile pero, al no llegar a ningún acuerdo, los negociadores se dirigieron a la Argentina.  El ministro japonés en Londres averiguó las condiciones para adquirir el Mariano Moreno y el Bernardino Rivadavia en la empresa Gibbs & Sons, agente de venta de la marina argentina, y por intermedio del ministro argentino Domínguez.

 Tomada en secreto la decisión de adquirir los acorazados y sin dar cuenta al parlamento japonés, se ordenó al encargado de negocios en Río de Janeiro, señor Kamaiichi Horiguchi, que se dirigiese a Buenos Aires para solicitar al ministro de Relaciones Exteriores la venta de las naves.  Horiguchi fue rcibido por el presidente Julio Argentino Roca, el canciller Luis María Drago y el ministro de Marina Onofre Bertbeder, quien expresó su oposición a la venta de esas naves.   Rusia también había manifestado interés en adquirirlas pero el gabinete argentino, influído por el apoyo que Inglaterra prestaba al Japón, decidió vender los barcos al gobierno nipón[5] quien el 27 de diciembre abonó a la Argentina 14.937.000 yenes a través del Banco Yokohama Especie[6].

Los agregados navales japoneses en Europa se reunieron en Génova el 31 de diciembre y dieron ingreso a las naves en la marina de su país con los nombres de Nishin (ex Mariano Moreno) y Kasuga (ex Bernardino Rivadavia).  El jefe de la misión naval argentina en Italia, capitán de navío Manuel Domeq García, hizo entrega formal de los acorazados el 7 de enero de 1904, y dos días después levaron anclas en dirección a Pozzuoli, y desde allí  hacia Japón luego de completar su artllería.  El gobierno británico movilizó un importante número de barcos y permitió el abastecimiento de las naves japonesas en sus bases a fin de evitar que barcos rusos les cortaran el paso.

Al comenzar la guerra ruso-japonesa el Nishin y el Kasuga integraban las cien unidades comandadas por el almirante Heihachiro Togo, que junto con otros seis acorazados constituían los buques más formidables del Imperio del Sol Naciente.  La extraordinaria capacidad de fuego debida a sus torretas giratorias y la agilidad de su diseño ubicaban a los ex barcos argentinos entre los de mayor eficacia. 

El Nishin, que enarbolaba la insignia del segundo comandante de la escuadra almirante Kataika, integrando la primera división naval, tuvo una destacada actuación y se halló en operaciones hasta la rendición de la plaza el 2 de enero de 1905.  Ambos cruceros participaron en la campaña contra Port Arthur (1904), en la que el Kasuga, debido a una espesa niebla, partió en dos al crucero Yoshino. El 27 de mayo el Nishin y el Kasuga combatieron en la batalla de Tshushima, donde la escuadra rusa se rindió a la japonesa.  En 1919 pasaron a ser guardacostas.  El Kasuga es actualmente un barco-museo en Japón. 

Extraña saga el de estas naves argentinas como consecuencia de nuestra oscilante política internacional.  El gobierno del presidente  José Evaristo Uriburu había contratado su contrucción a fin de evitar su compra por parte del Brasil y ante el riesgo de que la disputa fronteriza con Chile escalara en una guerra.  Fueron vendidas al Japón durante la segunda presidencia de Roca en cumplimiento de los pactos que dirimieron el litigio de límites.  Esos acuerdos limitaban nuestra fuerza naval en relación a la chilena pero nos colocaban por debajo de nuestras necesidades reales ya que no existía similar restricción por parte del Brasil que se armaba sin limitaciones.  Según Zeballos, “era la improvisación diplomática impuesta a Roca por los banqueros de Londres apoyados por la credulidad romántica de Bartolomé Mitre”, a quien se le había despertado una tardía vocación pacifista.  Ello puso en evidencia  -como ocurriría en repetidas circunstancias- que, si bien teníamos relaciones internacionales, carecíamos de política internacional.

Carlos A. Manus

Julio 2002

 Referencias bibliográficas:

Arce, José. Roca. 1843-1914. Su vida – Su obra, volumen  II. Buenos Aires, 1960.

Braun Menéndez, Armando. Roca. Las dos presidencias. Emecé editores. Buenos Aires, 1990.

De Marco, Miguel Angel. La Guerra Ruso-Japonesa (1904 a 1905) y la Argentina. Boletín del Centro Naval N° 763, vol. 109, invierno de 1991, citado en Aquel Apogeo. Política internacional argentina 1910-1939, de Juan Archibaldo Lanús. Emecé editores. Buenos Aires, 2001. 

Japanese Naval Vessels Ilustrated, 1869-1945. Vol. 1. Battleships & Battle Cruisers.

Rosa, José María. Historia Argentina. Editorial Oriente. Buenos Aires, octubre 1976.

Sanchis Muñoz, José R. Japón y la Argentina. Historia de sus relaciones. Buenos Aires, Sudamericana-Fundación Okita, 1997, citado en Historia General de las .Relaciones Exteriores de la República Argentina (1806-1989), de Andrés Cisneros y Carlos Escudé.

Solveira, Beatriz R. La Política Internacional: Relaciones Exteriores y Cuestiones Limítrofes (1862-1914). Nueva Historia de la Nación Argentina, tomo V. La Configuración de la República Independiente  (1810-c.1914). Academia Nacional de la Historia. Editorial Planeta. Buenos Aires, 2000.

Sitios internet www.candamo.iespana.es, fundacionalbenga.org.ar, laguerradelpacifico.cl y members.tripod.com

 Agradecimientos:

Se agradece las informaciones proporcionadas por el Sr. Masakatsu Shizawa, Curador del Museo Marítimo de Yokohama, Japón, por el Sr. Mauricio Pelayo (a cargo del sitio de internet www.lagueradelpacífico.cl) y por el Sr. Juan del Campo (a cargo del sitio www.members.tripod.com). 


Anexo

Los Pactos de Mayo

 Acta.   Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Argentina, señor Don José Antonio Terry y el Ministro del ramo, señor Don Francisco Vergara Donoso, con el objeto de acordar las reglas a que deberán someterse las divergencias de cualquier naturaleza que pudieran perturbar las buenas relaciones existentes entre uno y otro país, y de consolidar así la paz conservada hasta ahora no obstante las alarmas periódicas nacidas del largo litigio de límites, el señor Ministro Plenipotenciario de la República Argentina manifestó: que los propósitos de su gobierno, conformes con la política internacional que constantemente había observado, eran procurar, en todo caso, resolver las cuestiones con los demás Estados de un modo amistoso; que el gobierno de la República Argentina había obtenido ese resultado manteniéndose en su derecho y respetando en su latitud la soberanía de las demás naciones sin inmiscuirse en sus asuntos internos ni en sus cuestiones externas; que, de consiguiente, no podían tener cabida en su ánimo propósitos de expansiones territoriales; que perseveraría en esa política y que, creyendo interpretar el pensamiento público de su país, hacía estas declaraciones ahora que había llegado el momento de que Chile y la República Argentina removieran toda causa de perturbación en sus relaciones internacionales. 

 El señor Ministro de Relaciones Exteriores expuso, por su parte, que su gobierno ha tenido y tiene los mismos elevados propósitos que el señor Ministro de la República Argentina acababa de expresar en nombre del suyo; que Chile había dado numerosas pruebas de la sinceridad de sus aspiraciones, incorporando en sus pactos internacionales el principio de arbitraje para solucionar las dificultades con las naciones amigas; que, respetando la independencia e integridad de los demás Estados, no abriga tampoco propósitos de expansiones territoriales, salvo las que resultaren del cumplimiento de los tratados vigentes, o que más tarde se celebraren; que perseveraría en esa política; que felizmente la cuestión de límites entre Chile y la República Argentina había dejado de ser un peligro para la paz, desde que ambos aguardan el próximo fallo arbitral de Su Majestad Británica; que, por consiguiente, creyendo interpretar el sentimiento público de Chile, hacía estas declaraciones pensando, como el señor Ministro Argentino, que había llegado el momento de remover toda causa de perturbación en las relaciones de uno y otro país.

 En vista de esta uniformidad de aspiraciones, quedó acordado:

  Celebrar un tratado general de arbitraje que garantiera la realización de los propósitos  referidos;

  Protocolizar la presente conferencia, cuya acta se consideraría parte integrante del mismo  tratado de arbitraje.

  Tratado general de arbitraje.  Los gobiernos de la República Argentina y de la República de Chile, animados del común deseo de solucionar por medios amistosos cualquier cuestión que pudiera suscitarse entre ambos países, han resuelto celebrar un tratado general de arbitraje para lo cual han constituído ministros plenipotenciarios, a saber:  Su Excelencia el Presidente de la República Argentina, al señor Don José A. Terry, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de este país y Su Excelencia el Presidente de la República de Chile, al señor Don José Francisco Vergara Donoso, Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores, los cuales, después de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes, que encontraron bastantes y en debida forma, han convenido en las estipulaciones convenidas en los artículos siguientes:

 Artículo 1°. Las altas partes contratantes se obligan a someter a juicio arbitral todas las controversias de cualquier naturaleza que por cualquier causa surgieran entre ellas en cuanto no afecten a los preceptos de la Constitución de uno u otro país, y siempre que no puedan ser solucionadas mediante negociaciones directas.

Art. 2°.  No pueden renovarse en virtud de este tratado las cuestiones que hayan sido objeto de arreglos definitivos entre las partes.  En tales casos, el arbitraje se limitará exclusivamente a las cuestiones que se susciten sobre validez, interpretación y cumplimiento de dichos arreglos. 

Art. 3°.  Las altas partes contratantes designan como árbitro al gobierno de Su Majestad Británica.  Si alguna de las partes llegare a cortar sus relaciones amistosas con el gobierno de Su Majestad Británica, ambas partes designan como árbitro, para tal evento, al gobierno de la Confederación Suiza. 

Dentro del término de sesenta días contados desde el canje de ratificaciones ambas partes solicitarán, conjunta o separadamente, del gobierno de Su Majestad Británica, árbitro en primer término y del gobierno de la Confederación Suiza, árbitro en segundo término, que se dignen aceptar el cargo de árbitros que les confiere este tratado. 

Art. 4°.  Los puntos, cuestiones o divergencias comprometidos se fijarán por los gobiernos contratantes, quienes podrán determinar la amplitud de los poderes del árbitro y cualquier otra circunstancia relativa al procedimiento. 

Art. 5°.  En defecto de acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención del árbitro, a quien corresponderá fijar el compromiso, la época, lugar y formalidades de procedimiento, así como resolver todas las dificultades procesales que pudieren surgir en el curso del debate.  Los compromitentes se obligan a poner a disposición del árbitro todos los medios de información que de ellos dependan. 

Art. 6°.  Cada una de las partes podrá constituir uno o más mandatarios que la representen ante el árbitro. 

Art. 7°.  El árbitro es competente para decidir sobre la validez del compromiso y su interpretación; lo es, igualmente, para resolver las controversias que surjan entre los compromitentes sobre si determinadas cuestiones han sido o no sometidas a la jurisdicción arbitral en la escritura de compromiso. 

Art. 8°.  El árbitro deberá decidir de acuerdo con los principios del derecho internacional, a menos que el compromiso imponga la aplicación de reglas especiales o se autorice a decidir como amigable componedor.

Art. 9°.  La sentencia deberá decidir definitivamente cada punto en litigio con expression de sus fundamentos.

Art. 10°.  La sentencia sera redactada en doble original y deberá ser notificada a cada una de las partes por medio de su representante.

Art. 11°.  La sentencia legalmente pronunciada decide, dentro de los límites de su alcance, la contienda entre las partes.

Art. 12°.  El árbitro establecerá en la sentencia el plazo dentro del cual debe ser ejecutada, siendo competente para decidir las cuestiones que puedan surgir con motivo de la ejecución de la misma.

Art. 13°.  La sentencia es inapelable y su cumplimiento está confiado al honor de las naciones signatarias del pacto.

Sin embargo, se admitirá el recurso de revisión ante el mismo árbitro que la pronunció siempre que se deduzca, antes de vencido el plazo señalado para su ejecución y en los siguientes casos:

1°. Si se ha dictado sentencia en virtud de un documento falso o adulterado.

2°. Si la sentencia ha sido, en todo o en parte, la consecuencia de un error de hecho que resulte de   las actuaciones o documentos de la causa.

Art. 14°.  Cada una de las partes pagará los gastos propios y la mitad de los gastos generales del árbitro.

Art. 15°.  El presente tratado estará en vigor durante diez años a contar desde el canje de las ratificaciones.  Si no fuese denunciado seis meses antes de su vencimiento, se tendrá por renovado por otro período de diez años y así sucesivamente.

El presente tratado será ratificado y canjeadas sus ratificaciones en Santiago de Chile dentro de seis meses de su fecha.

Tratado de limitación de armamentos.  Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile los señores Don José A. Terry, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Argentina y Don José Francisco Vergara Donoso, Ministro del ramo, han acordado en consignar en la siguiente convención las diversas conclusiones adoptadas para la limitación de armamentos navales de las dos repúblicas, conclusiones que han sido tomadas mediante la iniciativa y los buenos oficios de Su Majestad Británica, representado en la República Argentina por su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Sir A. C. Barrington y en Chile por su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, señor Don Gerardo A. Lowther.

Artículo 1°.  Con el propósito de apartar todo motivo de inquietud o recelo entre uno y otro país, los gobiernos de la República Argentina y de Chile desisten de adquirir las naves de guerra que tienen en construcción y de hacer, por ahora, nuevas adquisiciones.  Ambos gobiernos convienen además en disminuir sus respectivas escuadras, para lo cual seguirán getionando hasta llegar a un acuerdo que produzca una discreta equivalencia entre dichas escuadras.  Esta disminución se hará en el término de un año contado desde la fecha del canje de la presente convención.

Art. 2°.  Los dos gobiernos se comprometen a no aumentar durante cinco años sus armamentos navales, sin previo aviso que, el que pretenda aumentarlos dará al otro con dieciocho meses de anticipación.  Es entendido que se excluye de este arreglo todo armamento para la fortificación de las costas y puertos, pudiéndose adquirir cualquier máquina flotante destinada exclusivamente a la defensa de estos, como ser submarinos, etc.

Art. 3°.  Las enajenaciones a que diere lugar esta convención no podrán hacerse a países que tengan cuestiones pendientes con una u otra de las partes contratantes.

Art. 4°.  A fin de facilitar las transferencia de los contratos pendientes, ambos gobiernos se obligan a prorrogar por dos meses el plazo que tengan estipulado para la entrega de los respectivos buques para lo cual darán las instrucciones del caso en el acto de ser firmada esta convención.

Art. 5°.  Las ratificaciones de esta convención serán canjeadas en el término de sesenta días, o antes si fuera possible, y el canje tendrá lugar en esta ciudad de Santiago.

Protocolo Adicional.  

  1. No puede ser materia de arbitraje la ejecución de los tratados vigentes o de los que fueran consecuencia de los mismos a que se refiere el acta preliminar del pacto de Arbitraje y por consiguiente no hay derecho por parte de una cualquiera de las partes contratantes a inmiscuirse en la forma que la otra adopte para dar cumplimiento a aquellos tratados.
  1. La ejecución de la parte 2a. del Art. 1° de la Convención sobre armamentos navales en virtud de la 

cual debe establecerse una discreta equivalencia entre las dos escuadras no hace necesaria la enajenación de buques pues puede hacerse dicha discreta equivalencia en el desarme u otros medios, en la extensión conveniente, a fin de que ambos gobiernos conserven las escuadras necesarias, el uno para la defensa natural y destino permanente de la República de Chile en el Pacífico y el otro para la defensa natural y destino permanente de la República Argentina en el Atlántico y  Río de la Plata.

El árbitro ejecutará la sentencia arbitral.  Acta.

Reunidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Argentina, señor Don José Antonio Terry y el Ministro del ramo, señor Don José Francisco Vergara Donoso, debidamente autorizados, e interpretando el tratado de límites del 23 de Julio de 1881, el protocolo del 1° de Mayo de 1893, el acuerdo del 18 de Abril de 1896 y las actas de 15, 17 y 22 de Setiembre de 1898, a fin de evitar cualquier dificultad en la demarcación material de la línea limítrofe entre ambos países en la parte sometida al fallo de Su Majestad Británica, acuerdan en nombre de sus respectivos gobiernos, pedir al árbitro que nombre una Comisión que fije en el terreno los deslindes que ordenare en su sentencia.


[1]  Según Estanislao S. Zeballos, en la dirección suprema de nuestro país tenía gran influencia el banquero Ernesto Tornquist apoyado por la banca Baring -que operaba tradicionalmente con nuestro país- y por la Rothschild, que lo hacía con los chilenos  (Gustavo Ferrari. Conflicto y paz con Chile. 1898-1903. Editorial Eudeba, Buenos Aires 1968, pág. 47) citado en Historia de los Argentinos, de Carlos Alberto Floria y César A. García Belsunce. Editorial Kapeluz. Buenos Aires, octubre 1995.

[2]  Ver Anexo.

[3]  Idem.

[4]  Para firmar los pactos de paz, Chile exigió la finalización de la alianza peruano-boliviana y selló acuerdos por separado: con Perú el Tratado de Ancón (Lima, 20/X/1883) y con Bolivia un Pacto de Tregua

(Valparaíso, 4/IV/1884). Al no concretarse el plebiscito que había quedado pendiente, Chile se quedó con Tarapacá y Arica y Perú con Tacna (1924). El tratado de paz definitivo entre Perú y Bolivia se firmó en 1904.

[5]  Rusia había ofrecido comprar las naves pagando en cuotas mientras que la oferta de Japón era mayor y el pago al contado.  Por otra parte, la opción por Rusia no era realmente viable dado que las naves habían quedado a disposición del rey de Gran Bretaña, país aliado al Japón.

[6]  Chile vendió sus naves en construcción a Inglaterra.

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