Historia y Arqueología Marítima

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EVOLUCION DE LOS JUZGADOS DE ARRIBADAS DE 1749 A LA

PREFECTURA NACIONAL NAVAL DE HOY

 

Por: JUAN  JOSE  ZORRILLA  Publicado en Ciclo de Conferencias año 2006

 El tema propuesto para hoy es la evolución de lo que consideramos arrancó con los Juzgados de Arribadas en 1749 y que, luego de la evolución que fueron determinando los hechos históricos, terminaron, pasando por las Capitanías de Puerto, la Capitanía General de Puertos, las Prefecturas de Puertos y la Prefectura General Marítima; en la Prefectura Nacional Naval de hoy.

Para eso, debemos remontarnos a los comienzos mismos de Montevideo en 1724, cuando comenzaron los trabajos de delineación y edificación de la Villa y sus fortificaciones, o en 1726, cuando arribaran de las Islas Canarias las familias que por disposición del Rey venían a poblar la nueva Ciudad y a quienes se les repartieran las tierras el 24 de diciembre de ese año.[1]  

Es ya en esos momentos que Montevideo comienza a mostrarse como lo que es en realidad, la puerta de entrada y salida del corazón de América Latina.

Es así que, ante la realidad que marcaba su importancia, por Real Despacho del Rey Fernando VI, del 22 de diciembre de 1749, leído en la sesión del Cabildo de Montevideo del 13 de marzo de 1751, se crea la Gobernación de Montevideo en Don José Joaquín de Viana, declarándose a la Ciudad, Plaza de Armas y Gobierno Político y Militar.

Es en ese documento que se le confieren al Gobernador de Montevideo, entre otras funciones: “.... Que en las causas de Arrivadas de embarcaciones con Registro, osin el, y en las licencias para cargar, y retornar a sus destinos las que hubieren navegado a ese Puerto con rexistro de los de Lexitimo Comercio, aia de entender, y conocer en la forma que disponen las Leyes de Indias ....”. [2]

Se estableció pues, en la Ciudad, el “Juzgado de Arribadas” siendo su titular el primer Gobernador de Montevideo. A ese Juzgado se le llamaba corrientemente, “.... el Juzgado del Gobernador o el Tribunal del Gobernador ....”.  Tenía su sede en la casa de la Gobernación, el Fuerte, lo que hoy sería la Plaza Zabala.

Aunque el nombre del cargo y lo que al respecto dice la comunicación al Cabildo, dan la impresión de que las facultades de este Juez estaban circunscriptas exclusivamente a la navegación, no fue así.  Al mismo se le cometieron, en principio, las atribuciones indicadas, que incluían, en materia de navegación al Río de la Plata, una parte de las propias del Presidente de la Casa de Contratación de Sevilla, Juez de Arribadas omnímodo en todas las líneas de Indias.

Como Juez de Arribadas debía conocer en todos los asuntos de entrada y salida de buques, permisos de carga y descarga y en todas sus “incidencias y dependencias “, pero debía actuar con un “Conjuez” que, en esa época, sería el Teniente de Oficiales Reales residente en Montevideo.

Sus funciones eran más bien administrativas y policiales, en defensa del Fisco y de vigilancia general, que judiciales. Ni siquiera cumplía, el Juez de Arribadas, personalmente esas funciones de índole administrativa, delegaba su representación en uno de los Oficiales de los Cuerpos de la Guarnición que se trasladaban abordo a dar la entrada al barco, a anotar, por declaración del Capitán, las ocurrencias del viaje especialmente en lo que podía interesar en materia de seguridad y de orden internacional, a verificar una minuciosa revisación de documentos de los pasajeros, quedando reservado primeramente a los Oficiales Reales y , más tarde, a otros funcionarios de la Real Hacienda, todo aquello que podía incumbir a los aspectos tributarios. También uno de los aludidos Oficiales, concurría abordo a dar la salida, después de haber hecho inspección días antes, por gente habilitada para ello, del estado del buque en lo que tocaba a sus condiciones de navegabilidad.

Tenía además el Gobernador, como Juez de Arribadas, otras facultades de estricta índole judicial. Era Juez privativo, sin asistencia de Conjuez, en todos los asuntos que se originaban entre el Capitán y la tripulación de rol de los barcos de ultramar que llegaban a este Puerto, o entre el Capitán y  los hombres de mar cuyo ajuste se hacía para continuar la navegación al Pacífico o retornar a España; en todas las cuestiones entre el propietario del buque, el armador o el Capitán y el comercio de plaza, por motivos relacionados con la proveeduría del buque, su mantenimiento y enseres, o por razones de cargamento y su entrega, o por recepción de la carga abordo cuando se preparaba la partida.

Intervenía también en los delitos que se cometían a bordo de esos buques fondeados en nuestro puerto o en tierra, por elementos de su tripulación.

Cuando un buque encontrándose en el puerto sufría alguna de las contingencias mencionadas, el Juez de Arribadas debía, en lo posible, no perjudicar los instaurados. En esos casos, se realizaba el procedimiento hasta que el buque estuviera pronto para zarpar, y, en aquellas incidencias que se producían cuando el buque estaba próximo a salir, cumplidas las diligencias indispensable; el Juez de Arribadas entregaba las actuaciones originales al Capitán del buque, éste debía poner las mismas en manos del Juez de Arribadas donde cumpliese su registro salvo que ese puerto fuera Cádiz y otro cercano a éste, pues en ese caso la entrega debía hacerla el Capitán entre el Presidente, o en su defecto, ante los Oidores de la Casa de Contratación. Cuando se trataba de asuntos en que alguno de los hombres de abordo tuviera que ser reducido a prisión, éste le era entregado en esa calidad al Capitán para que lo condujera a su puerto terminal.-

No aceptaban los Capitanes de buques, sus armadores o propietarios, muy resignados las intervenciones del Juez de Arribadas, tan perturbadoras de sus planes de zarpada y del régimen de abordo. Se registra en Montevideo en mayo de 1757, un episodio que ilustra claramente la situación y que, creo vale la pena recordar.-

Un Marinero del buque GRAN PODER DE DIOS, propiedad del Marqués de Casa Madrid, que se encontraba en Montevideo, hirió a bordo a otro ocasionándole la muerte. [3]  Al serle requerida la entrega del Marinero que se encontraba abordo el Marqués respondió “.... Yo lo entregaré en la Casa de Contratación ....”. Luego de los parlamentos de rigor y suavizados los términos del conflicto, se llevó a cabo la investigación correspondiente y, con la promesa del Marqués de entregar el preso en Cádiz, a disposición del Tribunal de la Casa de Contratación, se franqueó la salida del buque.  Como vemos, ya desde ese entonces no sólo las actividades eran similares, los conflictos también existían.-

Siguiendo la evolución de la Institución saltamos aquí hasta el año 1783 en que, por Real Cédula del 3 de agosto de ese año, se crea la Capitanía del Puerto de Montevideo.

La creación del cargo motivó que se reclamaran insistentemente instrucciones y directivas claras para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al mismo, ya que éste traía aparejadas autoridad y funciones que se superponían con las atribuciones del Gobernador como titular del Juzgado de Arribadas. Esto, sumado al hecho de la complejidad que estaba tomando junto con la importancia de su movimiento, motivaron que se dictaran en Montevideo, varios Reglamentos Portuarios.

El del Jefe del Apostadero Antonio Basurto (1788), hasta que, en 1793 por mandato del Rey Carlos IV se promulgan las “Ordenanzas Generales de la Armada Naval” válidas para todos los territorios dominados por España. [4]

En el Tratado V, Título VII, “De la Policía General de los Puertos y otros cualesquiera fondeaderos a cargo de los Capitanes de Puerto y de las demás obligaciones de estos”, se establecen el orden y las reglas que se deben cumplir para la buena conservación y funcionamiento de todos los Puertos y Radas (Art. 1). Para ello establece el Cargo de Capitán de Puerto quién será el responsable de todo lo dispuesto (Art. 2).

En su Art. 6 determina sus obligaciones principales: ”.... el buen amarradero de las embarcaciones, su buen orden en cargas y descargas, y relativamente a la policía en general y su seguridad, la limpieza del puerto, su conocimiento cabal y la dirección en entradas y salidas y de todas las maniobras ocurrentes en él ....”.

También determina sus facultades disciplinarias (Art. 7) cuando dice : “.... consecuente con dichas obligaciones las facultades del Capitán de Puerto será absolutas en todo lo relativo a ellas, mirándose y castigándose como delito el no obedecerle, según la entidad de la materia ....” y más adelante, en el mismo artículo “.... pero se recibirá en las cárceles a cualquiera individuos a quienes remita arrestados, procediéndose por el Juez respectivo a la corrección condigna de la falta, o al proceso judicial que el caso pidiere según el aviso del Capitán de Puerto ....”.

En los Artículos 8 y 9 establece su dependencia del Gobernador o Comandante Militar y del Presidente de la Junta de Sanidad en lo que se refiere al cumplimiento de las disposiciones de la misma.-

Establece además que debe conocer a fondo el Puerto que el corresponda, levantar planos del mismo, verificar las profundidades, determinar los lugares para cada uso, fondeos, amarras, cuarentenas, limpieza, etcétera. Actualizará permanentemente los platos y determinará la hora y altura de las mareas (Arts. 11 al 16).

En el Artículo 17 establece claramente el criterio para delimitar geográficamente el Puerto que sea, estableciendo el territorio dónde ejercerá su jurisdicción el Capitán de Puerto.

Desarrolla extensamente todo el funcionamiento de los Prácticos con sus responsabilidades, nombramiento, etcétera, y así, podríamos seguir detallando todas sus disposiciones, como la de ocuparse de la colocación de balizas (Art. 39), del tiempo que demore la estadía del buque en puerto y del estado de los muelles (Art. 82), de la autorización de los buques destinados al trafico portuario y controlar la pericia e idoneidad de sus patrones (Art. 86) o del mantenimiento del orden público (Art. 128).

Esto es solo un pequeño detalle de los 194 Artículos en los que abarca toda la actividad portuaria para cualquier Puerto del Reino, con una minuciosidad que, aún hoy, sorprende.

Este fue un gran paso, ya que quedaron claramente establecidos y por escrito, el ámbito territorial, la dependencia, su autoridad y sus funciones con un detalle que lo hizo permanecer vigente hasta ahora, ya que aún hoy, el espíritu es el mismo.

Pero, retomando su evolución histórica, saltamos al año 1814 en el que, el Gobierno de las Provincias Unidas, consciente de la importancia de la actividad de los puertos para  su economía y para la comunicación con el resto del Mundo por la propagación de las nuevas ideas y la búsqueda de apoyo, dicta el “Reglamento de las Capitanías de Puerto, que debe observarse por los Capitanes de Puerto de las Provincias Unidas del Río de la Plata” y que dedica toda su parte final a las actividades del Puerto de Montevideo.

Este Reglamento se componía de 86 Artículos basados en los anteriores y en la experiencia recogida y , por su puesto, con una relación directa con las normas par las Capitanías de Puerto de las “Ordenanzas Generales de la Armada Naval”, de las que suprimía toda mención a la autoridad del Rey.-

Basta reproducir su Artículo 2 para ver que seguía manteniendo, básicamente, las mismas atribuciones y casi la misma redacción : “Art.2.- Es de su cargo el que las embarcaciones se amarren con seguridad y sin que causen averías unas a otras, el buen orden de cargas y descargas y toda su policía; la limpieza del puerto, el conocimiento de entradas y salidas de buques y todas las faenas que se ejecuten.“

EL nuevo paso nos lleva al año 1829 en el que, ya convertidos en una nueva nación, se nombra al primer Capitán de Puertos oriental, designación que recae en el Coronel Don Pablo Zufriategui, del que no vamos a hablar por no ser el motivo de la presente exposición resaltar la actividad o la persona de los Capitanes de Puerto y por ya haber sido tratados con gran profundidad en “Los Capitanes de Puerto de Montevideo” del Dr. Carlos Bauzá Araujo.-

Zufriategui se apresura a reglamentar las actividades del Puerto de Montevideo, Reglamento que eleva para su aprobación el 20 de junio de ese mismo año. Este Reglamento recogía la experiencia adquirida y tomaba como referencia, al igual que todos los anteriores, a lo contenido en el título V, Tratado VII de las Ordenanzas Generales de la Armada Naval.-

En febrero de 1830 la Junta Constitucional organiza y presupuesta el Cargo de Capitán de Puerto dentro de la Organización Administrativa de la República, antecedente vital de la Prefectura Nacional Naval ya que es el reconocimiento de un nuevo órgano dentro de la organización de la República en plena etapa de formación.-

De aquí saltamos al 3 de abril de 1867 donde vemos un nuevo paso en el desarrollo de la Institución ya que, por Decreto, el Gobierno provisorio, centraliza la actividad de las Capitanías de Puerto, disponiendo que los Capitanes de Puerto y los Receptores encargados de las Capitanías de Puerto quedan bajo la dependencia del Capitán de Puerto de la Capital. En este momento comienza a tener forma la Prefectura Nacional Naval, ya que es una gran transformación institucional. De entes aislados, las Capitanías de Puerto pasan a tener una dependencia directa de la Capitanía del Puerto de Montevideo. [5]

Pasa el tiempo y el próximo paso lo da cuando, el 1ro. De diciembre de 1882, por Decreto, la Capitanía del Puerto de Montevideo pasa a llamarse “Comandancia de Marina y Capitanía General de Puertos”. Dice su Art. 1 “.... Desde esta fecha la Capitanía del Puerto de Montevideo, tendrá la denominación de Comandancia de Marina y Capitanía General de Puertos ....”, reafirmando además en su Art. 2, que las demás Capitanías de los Puertos de la República estarán bajo la inmediata dependencia de la Comandancia de Marina y Capitanía General de Puertos.-

Así llegamos al 2 de abril de 1917, momento en el que se separan, creándose la Dirección de la Armada, la cual dependerá inmediata y directamente, del Ministro de Guerra y Marina (Art. 1) y estableciendo en su Art. 3 que el Poder Ejecutivo determinará por decreto las atribuciones de la Capitanía General de Puertos y sus dependencias, teniendo en cuenta la naturaleza de sus cometidos.-

El 28 de mayo de ese mismo año se promulga el decreto que establece que “La Capitanía General de Puertos dependerá directamente del Ministerio de Guerra y Marina”, que “las Capitanías de todos los Puertos de la República quedan bajo la superintendencia inmediata de la Capitanía General de Puertos”, que el ámbito donde ejercerá su función no será meramente portuario sino que “Corresponde a la Capitanía General de Puertos:

A)           Ejercer la policía marítima y fluvial en las aguas de jurisdicción nacional, directamente o por intermedio de sus dependencias, para conservar el orden público y garantir la seguridad de la navegación” y sigue detallando sus principales cometidos que serán, entre otros:

B)           La reglamentación de todos los servicios de policía marítima, fluvial y portuaria.

C)            Dar entrada y salida a los buques en los puertos.

D)           Inspección, arqueo y matrícula de los buques nacionales.

E)           Registro de las tripulaciones de los buques mercantes nacionales igual que de los estibadores y peones que trabajan abordo o en tierra en las zonas portuarias.

F)           Examen de aptitud de las tripulaciones.

G)           Organización de los Servicios de Prácticos.

H)           Auxiliar a las autoridades judiciales, sanitarias, aduaneras y de inmigración, en lo que tenga que ver con los servicios marítimos.

I)             Instruir los sumarios correspondientes en casos de accidentes marítimos.

J)           Nombrar peritos y tasadores en asuntos navales de carácter administrativo.

Como vemos, no cambian mucho los comentarios, sino que se adecuan a las nuevas circunstancias, manteniendo prácticamente vigentes los establecidos en las Ordenanzas Navales de Carlos IV de 1793.-

Ahora es el 3 de mayo de 1934 el día en el que se produce una nueva transformación en la vida de la Institución. Ese día se aprueba la Ley N° 9375, Ley Orgánica de la Marina, la que en su Art. 1 establece que le compete a la Inspección General de Marina, la dirección y organización de las Prefecturas de Puerto, estableciendo en su Art. 6 “.... Las costas y aguas nacionales se dividirán en Circunscripciones, a casa una de las cuales corresponderá en principio, una Prefectura que tendrá su asiento en un Puerto de la Circunscripción ....” y disponiendo en su Art. 146, que el Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Aquí, como es evidente, la Prefectura pasa a depender nuevamente de la ex Comandancia de Marina, actual Inspección General de Marina, cambia su nombre de Capitanía de Puerto por Prefectura de Puerto, ejerce su jurisdicción también en la costa y  se organiza en Circunscripciones, todo lo cual se detalla en el Decreto del 11 de agosto de 1934 que concreta la organización planteada en la Ley N° 9375. De aquí en adelante, las Capitanías de Puerto serán Prefecturas o Subprefecturas y dependerán de la Inspección General de Marina a través de la Prefectura de la Primera Circunscripción.

Así llegamos hasta el año 1947 en el que, el 18 de noviembre, se promulga la ley 10968 por la que se le cambia nuevamente de nombre y cesa de depender de la Armada Nacional, para depender directamente del Ministerio de Defensa Nacional.-

Aquí, me voy  a tomar la libertad de leer la exposición de motivos del Proyecto de Ley, porque, a juicio estrictamente personal, siguen vigentes hoy en día los motivos que en el año 1947, motivaran la separación de las Prefecturas de Puerto de la Inspección general de Marina.-

“PODER EJECUTIVO.--- Ministerio de Defensa Nacional.--- Ministerio de Hacienda.- Mensaje N° 527.---Montevideo 24 de abril de 1947.--- Señor Presidente: La experiencia recogida desde el año 1934, en que la Prefectura General de Puertos, pasó por vía de un Decreto a ser una dependencia de la Inspección General de Marina, demuestra que aquel organismo de policía marítima y fluvial no ha podido desarrollarse debidamente y ha ido en cambio, perdiendo sus virtudes específicas, sin haber beneficiado al Instituto que la anexó.  La naturaleza particularísima de sus cometidos en relación con el comercio marítimo internacional y su afluencia al territorio con la lógica intervención que cabe a todos los gremios que integran la actividad portuaria, descartan la militarización prefecturial por carente del amoldamiento y flexibilidad necesarios a tareas tan típicamente mercantiles.  Nada impone pues, la continuación de la experiencia iniciada en 1934 y si, sería juicioso hacerla cesar en beneficio del Estado, estableciendo el retorno de la Prefectura General a su antigua, natural y lógica dependencia, con lo que se daría mayor agilidad al trámite administrativo a la vez que se armonizaría nuestra organización con la de todos los países marítimos.   Es tan evidente la naturaleza de las funciones prefecturiales, que el Poder ejecutivo entiende ocioso extenderse en consideraciones justificativas de la decisión que se propugna en el adjunto Proyecto de Ley, cuya sanción urgente me permito solicitar.   Aprovecho esta oportunidad para saludar al Señor Presidente, con las expresiones de mi más alta consideración.  TOMAS BERRETA.  General de Div. (R) Pedro A. Munar.  Ledo Arroyo Torres.

Este mensaje es el que eleva el Proyecto que termina transformándose en la Ley Nº 10.968 por la que deja de ser Prefectura General de Puertos y pasa a ser Prefectura General Marítima, cesa de depender de la Inspección General de Marina para depender directamente del Ministerio de Defensa Nacional como Dirección General de ese Ministerio y “…será el organismo superior de dirección y control en la esfera nacional de todas las actividades que las leyes y demás disposiciones vigentes han atribuido hasta ahora a la Prefectura General de Puertos, sin perjuicio de otras atribuciones que el Poder Ejecutivo estime procedente confiarle para responder a nuevas necesidades de los servicios marítimos, fluviales, portuarios y turísticos ....“

En esta ley se plantea una nueva transformación orgánica ya que, en su Art. 3 dice:” Créase la Prefectura del Puerto de Montevideo, con los cometidos en la esfera local, que las leyes y demás disposiciones vigentes en la materia han atribuido, hasta ahora, a la Prefectura General de Puertos, sin perjuicio de otras funciones específicas que el Poder Ejecutivo estime procedente encomendarle a propuesta de la Prefectura General Marítima a la que aquella estará directamente subordinada”, separa la dirección de la Institución, de la Prefectura del Puerto de Montevideo, creándose los fundamentos de la estructura que hoy conocemos.

El 17 de diciembre de ese mismo año se reglamenta la Ley por Decreto Nº 10.584, dándole el rango, como ya dijimos, de Dirección General del Ministerio de Defensa Nacional  y adecuando su misión y jurisdicción, prácticamente incambiadas desde 1917. en su Art. 1 establece que “…. tendrá, por sí o por intermedio de sus dependencias, la dirección y control de lo siguiente: a) de las actividades generales y de protección relacionadas con la marina mercante y embarcaciones de deportes; b) de la Policía marítima fluvial y lacustre, así como la conservación del orden público, siendo jurisdicción de la Prefectura General Marítima, a estos efectos, las aguas navegables, costas, riberas, puertos, muelles e islas del país ....”.

Ejercerá las demás funciones que las disposiciones vigentes asignan a la ex Prefectura general de Puertos, excepto lo establecido en el Art. 3 y cooperará con las autoridades y reparticiones públicas en todo lo que tenga relación con sus funciones.”.-

Y en su Artículo 3 decía: “.... La Prefectura del Pueblo de Montevideo estará directamente subordinada a la Prefectura General Marítima y tendrá por cometidos, en la esfera local, lo que la disposiciones vigentes en la materia asignan a la ex Prefectura general de Puertos ....“.

De esta manera pasamos al 20 de marzo de 1973 en el que la Ley de Presupuesto Nº 14.106 establece en su Art. 47 que la Prefectura General Marítima, desde el 1º de enero de 1973, pasará a denominarse Prefectura Nacional Naval (PNN), incorporando su personal al personal de la Armada Nacional, modificando la Ley Nº 10.808, Orgánica de la Armada, artículos 48 el 63 inclusive, exceptuando los artículos 57 y 58 en los que se mantienen inalterables la dependencia y la jurisdicción de, la hoy Prefectura Nacional Naval, de Comando General de la Armada-

Su jurisdicción se ve nuevamente confirmada en el Art. 34 de la Ley Orgánica Militar del 21 de febrero de 1974, cuando establece que es jurisdicción de la Armada Nacional  y por ende, de la prefectura Nacional Naval:

A)           las aguas e islas jurisdiccionales del Océano Atlántico, Laguna Merin y Ríos de la Plata y Uruguay en una extensión de hasta 150 mtrs. a partir de la línea de base o hasta Rambla o costanera si existiera y las vías interiores navegables en los tramos que dan acceso marítimo a las Prefecturas de: Artigas, Soriano, Mercedes, Dolores, Carmelo, Conchilla, Rosario, Santiago Vázquez, Chuy, San Miguel, San Luís, La Charqueada, Cebollatí y Río branco y solamente a los efectos de vigilancia y policía marítima.

C) Los espacios ocupados por establecimientos de la Armada, con las correspondientes zonas de establecimientos de la Armada, con las correspondientes zonas de seguridad.

De aquí pasamos al 9 de junio de 1992 en que se aprueba el Decreto 256/992 que aprueba el “Reglamento de Organización y Funciones de la Prefectura Nacional Naval “ en el que se establece nuevamente sus funciones, disponiendo que su objetivo es , y paso a transcribir textualmente: “La Prefectura Nacional Naval tiene como misión mantener el orden público, ejercer e control de la seguridad de la navegación como Autoridad Policial en las áreas: Marítimas, Fluvial y Lacustre en jurisdicción de la armada e intervenir en el abanderamiento de buques y cumplir funciones registrales, a fin de contribuir con la misión de la misma ....“, y pasa a describir sus Funciones Generales que son prácticamente las mismas de siempre, en las que sólo varía el lenguaje aplicado y los problemas específicos, pero que, en líneas generales, siguen las pautas marcadas en las antiguas Capitanías de Puerto de 1793, que ocuparan el lugar de los Juzgados de Arribadas de 1749.-

Una de las funciones de la Historia es permitirnos ver el pasado de manera que podamos aprender para el futuro. Lo que la evolución de ésta Institución nos deja claro, es la importancia que le daba el Estado, el Reino de España, ya en 1793, a su proyección marítima.

Hoy los tiempos han cambiado pero, sigue siendo una “Razón de Estado”, la proyección marítima del mismo, sobre  todo si es un Estado pequeño pero con una situación muy ventajosa para él dada por situaciones geográficas (puerta de entrada y salida del Hinterland de América Latina); y por la naturaleza (la seguridad de sus puertos).- Si a eso le sumamos la extensión para con la defensa, control y explotación de nuestros recursos marítimos y con nuestras posibilidades de proyección hacia el futuro y el crecimiento de nuestro país.-

Quiero dejar expresa constancia que, en el desarrollo de la vida de la Institución, me refería solamente a aquellas Ordenanzas, Leyes, Decretos o Reglamentos que tienen que ver con las funciones y misión de la Prefectura Nacional Naval y sus antecedentes históricos, dejando de lado todo lo demás.


 

[1] Época Colonial, La Compañía de Jesús en Montevideo, Carlos Ferrés, Barcelona, 1919.

[2] Épocas Colonial, La Administración de Justicia en Montevideo, Carlos Ferrés, Montevideo, 1944.

[3] Archivo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Primer Turno, “Heridas de José Zambrano a Rosendo Montes”.  Época Colonial, La Administración de Justicia en Montevideo, Carlos Ferrés, Montevideo, 1944. Expedientes de 1757.

[4] Revista de la Liga Marítima Uruguaya, Año 14, N° 18, Noviembre de 2004.

[5] Cronología de Marina y Armada Nacional, Centro de Estudios Históricos Navales y Marítimos.

 
 

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